Atendiendo a una iniciativa de Er.N.E., IU-EB de Portugalete presentó ayer una moción que defiende la jubilación anticipada de la Policía Local.
Esta iniciativa forma parte de la campaña que desarrolla la Coordinadora de Policías (COP), de la que Er.N.E. forma parte.
En Andalucía han sido ya varios los Ayuntamientos que han aprobado mociones apoyando la jubilación anticipada de los policías locales, entre los que destacamos a Málaga, Tarifa y Jaén, entre otros.
En las iniciativas se insta al Gobierno español para que desarrolle las normas necesarias para que los policías locales podamos jubilarnos a los 60 años (como la Policía Nacional y recientemente la Ertzaintza).
Con esta medida se pretende rejuvenecer las plantillas de Policía Local para dar un mejor servicio a la ciudadanía, lo cual por sí solo ya es un argumento lo suficientemente importante como para que los Ayuntamientos no hagan oídos sordos a nuestra reivindicación y apoyen estas iniciativas, habida cuenta de los problemas que se van a presentar a corto y medio plazo derivados del envejecimiento de los policías.
Er.N.E. agradece a Izquierda Unida de Portugalete su apoyo en esta iniciativa, esperando que otros grupos políticos tomen ejemplo y asuman y apoyen también esta reivindicación tan justa como necesaria.
La DGT publica una instrucción sobre acreditación del seguro que contradice el Reglamento del Seguro Obligatorio y va a provocar complicaciones que perjudicarán al ciudadano.
El texto afectará negativamente al ciudadano, ya que se deberá requerir la presencia de los agentes en caso de accidente con daños materiales que no requieran la elaboración del atestado policial siempre que alguno de los conductores no disponga del justificante de seguro.
24 de Octubre de 2008.- La emisión, por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) de una Instrucción Técnica que inicialmente tenía como objetivo explicar el alcance y efectos del nuevo Reglamento del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en la Circulación de Vehículos de Motor (Real Decreto 1507/2008), provoca, a juicio de la COORDINADORA DE POLICÍAS (COP), que agrupa a sindicatos que representan los intereses de 25.000 policías locales, una confusión innecesaria y un importante perjuicio para elciudadano.
La citada Instrucción de la DGT, en su apartado A, establece que serán los agentes de la autoridad quienes deban comprobar la existencia o no del seguro obligatorio del conductor mediante la consulta de la base de datos (Fichero Informativo de Vehículos Asegurados) en la que diariamente las compañías aseguradoras vuelcan esta información.
De esta forma, el conductor queda eximido de la responsabilidad de presentar el documento acreditativo de la existencia del seguro. Y ello porque, según el Ejecutivo central, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recoge el derecho de todo ciudadano a “no presentar documentos (…) que se encuentren en poder de la Administración actuante” (artículo 35.4, f).
Por ello, a juicio de la COORDINADORA DE POLICÍAS, la Instrucción de la DGT supone para los policías locales:
Una importante contradicción, ya que el reciente Real Decreto 1507/2008 que aprueba el Reglamento de Seguro Obligatorio, publicado en el BOE el 13 de septiembre, obliga a todo vehículo a motor a ir provisto del recibo del seguro obligatorio (art. 14), mientras que la Instrucción Técnica de fecha 23 de septiembre, es decir, 10 días después, no.
Para que los agentes verifiquen si un conductor tiene en vigor el seguro obligatorio de responsabilidad civil, deberán consultar el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), al que no todas las Policías Locales de España tienen acceso.
En aquellas ciudades o poblaciones en que no se haya habilitado esta posibilidad informática no se podrá hacer la comprobación “in situ” de la que
habla la DGT. Y esto, al amparo de la Ley de Seguridad Vial vigente, permitiría la inmovilización del vehículo. Así, la escasez de medios de algunas Policías Locales, gracias a esta Instrucción repercutirá en los ciudadanos, que, según el término municipal en el que se encuentren, pueden terminar con el vehículo inmovilizado, frente a otros conductores que, tras una verificación en la misma calle de unos pocos minutos, podrán continuar circulando.
Un perjuicio para el ciudadano víctima de un accidente de tráfico leve, porque, cuando se produzca un accidente leve que no necesite de la elaboración de un atestado policial y se de además la circunstancia de que los conductores no circulen con el justificante de seguro obligatorio, creemos que se producirán cientos de llamadas a nuestros Cuerpos para que sea una patrulla quien aporte los datos del seguro de los implicados en el siniestro, lo cual provocará retrasos innecesarios y una carga de trabajo excesiva para los insuficientes medios humanos con los que cuentan las policías locales. La Instrucción de la DGT se extralimita y, lejos de aclarar el ámbito de trabajo de los policías locales, genera un problema antes inexistente.
Un problema para la propia Administración, ya que si el propio Ejecutivo afirma que la Ley 30/1992 no obliga al ciudadano a presentar los documentos que se encuentren en poder de la Administración, ¿no habrá más de un español que no presente su Permiso de Circulación, o su DNI, o bien la ficha de la Inspección Técnica de Vehículos, amparándose en esta interpretación legal?.
Por todo ello, creemos que la Instrucción Técnica de la DGT va a causar un grave problema a los ciudadanos y a la propia Administración.
El acuerdo se sustenta en la jubilación anticipada de los ertzainas (30 millones de euros), el traspaso de la competencia en investigación, desarrollo e innovación (86,8 millones) y el desarrollo exterior del puerto de Pasaia (9 millones)
21.10.08 - 18:02 - AGENCIAS | BILBAO
El PSOE y el PNV han cerrado hoy los “flecos” del acuerdo presupuestario que alcanzaron el viernes, que supone transferencias al País Vasco por más de 126 millones de euros anuales y que incluye la posibilidad de que los ertzainas puedan jubilarse anticipadamente, como ahora hacen los policías nacionales.
Esta medida concreta, según ha explicado en rueda de prensa en el Congreso el portavoz socialista, José Antonio Alonso, tiene un coste estimativo anual para el Estado de más de 30 millones de euros, que no correrán a cargo ni de la Seguridad Social ni del Ministerio del Interior, sino que se financiarán con un crédito de Hacienda.
Alonso ha defendido esta iniciativa porque, ha dicho, acaba con “una situación de desigualdad” entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Ertzaintza; mientras que el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ha mostrado su satisfacción por ver cumplida una “histórica reivindicación”. Según ha explicado, era necesario cerrar ya esta cuestión porque las primeras promociones de ertzainas se acercan a la edad de la jubilación anticipada.